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Mages Siguas II - lucha por el agua en Cusco
Desde el 13 de septiembre se vive tensión en Espinar, sur de la prvincia de Cusco. Las comunidades del lugar protestan: no van a permitir que represen las aguas del río Apurímac (en la confluencia del río Apurímac y Hornillos, en la región Arequipa), para la irrigación de nuevas tierras en las pampas de Majes.
Esta es una historia que ya hemos escuchando en otras ocasiones. Empresas transnacionales, en este caso el Consorcio Angostura–Siguas, integrado por las empresas Cobra Instalaciones y Seguros (España) y Cosapi (Perú), con "mega" proyectos que pretenden manipular el medio natural de las comunidades locales.
Por lo general estas historias no termina bien.
Será por eso que el pueblo de Espinar se tomó tan en serio su protesta, y está dispuestos a hacer cualquier cosa para no permitir que metan mano en su río, en su agua, en su fuente de vida.
El transporte, los mercados, los bancos, las labores académicas y el servicio turístico se vieron obligados a suspender sus actividades. El sector turista es uno de los más perjudicados. El paro crece: las comunidades vecinas también se agregan a la protesta. Los diarios locales han seguido los acontecimientos día por día.
El paro comenzó hace 13 días, el mismo día que en Lima se adjudicó la concesión de las obras de afianzamiento hídrico de proyecto de irrigación Majes Siguas II en Arequipa al consorcio Angostura Siguas.
El consorcio ganador pidió en su oferta económica (Sobre N° 3) un cofinanciamiento del Estado ascendente a US$207.70 millones, cifra que era el tope máximo exigido en las bases.
Además pidió una Retribución por Recuperación de Inversiones (RPI) de 26 millones US$195,898.96 y una Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO) de US$4’880,349.32. Tanto la RPI como la RPMO serán aportados por el Estado por los 16 años de operación de la concesión.. Diario Perú 21
El argumento de la gente de Espinar es que podrían restringir su suministro de agua. Esto debería ser estudiado, pero pese a que dos resoluciones judiciales han suspendido el proceso de concurso público y han ordenado una evaluación de impacto medioambiental, el gobierno ha seguido adelante con el concurso.
El gobierno señala que todo el problema se debe a la desinformación que hay en Espinar. Y sí, esto es generalmente lo que ocurre en estos sistemas centralizados, donde todas las decisiones se toman en un lugar lejano, con una realidad tan diferente a la que vive día a día en Espina. Es el mismo gobierno el que debería responsabilizarse por transmitir la información. Claro que para eso necesitaría de un pueblo que crea que sus gobernantes trabajan para su bienestar... algo que ya casi no se ve en Sudamérica.
También están los que hablan de desarrollo, que aseguran que la represa será muy importante además de favorable: generará trabajo, contribuirá al comienzo del desarrollo de la buena distribución del agua y dicen además que es necesaria para la agricultura en Arequipa. A dónde nos ha llevado este tipo de desarrollo hasta ahora?
Ahora, según Amnistía Internacional , las comunidades corren peligro: el decreto ley 1095, emitido por el presidente Alan García el 1 de septiembre, permite el uso del ejército durante los disturbios civiles.
El uso en el pasado del ejército para hacer cumplir la ley en Perú ha dado como resultado graves violaciones de derechos humanos, y debe ser seriamente reconsiderado. La ley especifica también que, si el ejército comete algún acto ilegal durante su despliegue en estas situaciones, esos actos se tratarán ante el fuero militar. Los tribunales militares peruanos no son ni imparciales ni independientes, y tienen un largo historial de impunidad. Además, las normas internacionales de derechos humanos establecen que los autores de violaciones de derechos humanos deben ser juzgados en tribunales civiles.
En previsión de las protestas, el gobierno peruano emitió el 11 de septiembre una resolución en la que autorizaba el despliegue del ejército en Espinar en virtud del nuevo decreto ley 1095. Amnistía Internacional considera que el espíritu de este decreto ley contraviene las normas internacionales de derechos humanos, y puede dar lugar al uso de fuerza excesiva en las protestas de Cusco y en otras situaciones de protesta social legítima. Si esto sucede, los abusos quedarán impunes. En el último año ya habido varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad peruanas.